El gobierno se dispone a intervenir en los próximos días para intentar hallar una solución definitiva al histórico conflicto entre las entidades de productores y las empresas semilleras, que reclaman por su derecho a cobrar regalías por sus desarrollos e innovaciones. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, adelantó a Clarín que se reforzarán los controles oficiales a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE), para evitar la proliferación de semilla ilegal o no certificada.
La intervención oficial debe producirse justo cuando la sangre amenaza llegar al río, a mitad de este mes, con el inicio de la nueva cosecha de soja. La empresa Mosanto, que hizo punta con la introducción al país en materia de cultivos transgénicos en 1996, implementó un sistema para salvaguardar sus derechos y obtener una retribuciónpor su nueva soja Intacta, que ya cubre 15% de la superficie sembrada. Pero las entidades de la Mesa de Enlace han rechazado ese esquema, pues habilita a la semillera -en alianza con las exportadoras- a realizar un “cobro compulsivo” en el caso de detectar esa variedad en los camiones que llegan a los puertos. En voz baja, los ruralistas amenazan con bloquear las terminales si este mecanismo se pone en marcha.
Pero detrás de Monsanto está el resto de las grandes empresas de insumos agrícolas que generan esas biotecnologías y también las empresas semilleras locales que multiplican el germoplasma. Es que solo el 15% de la semilla de soja que llega al mercado paga regalías por estar certificada. El resto queda en una nebulosa que se divide entre el derecho milenario de los agricultores a hacer Uso Propio de sus semillas y el mercado formal, que en la jerga se conoce como “bolsa blanca”. Por eso varias entidades impulsan un sistema de controles más amplio, llamado Bolsatech.
La solución de fondo parece ser una Ley de Semillas que defina con claridad los derechos de unos y otros. El tema ha sido la comidilla de toda esta Expoagro. Cuando ayer la gobernadora María Eugenia Vidal visitó de sorpresa el pabellón del semillero nacional Don Mario, uno de sus técnicos le pidió incluso su apoyo en este conflicto. Agroindustria piensa mandar un nuevo proyecto al Congreso, aunque de inmediato plantea una vía de solución para el conflicto que implicaría un mayor involucramiento del Instituto Nacional de Semillas (Inase) en este tipo de controles.
El riesgo de no tomar riendas en el asunto es que las empresas dejen de introducir nuevas tecnologías en semillas (ayer, por caso, Monsanto anunció que podría traer al país en setiembre una nueva soja resistente también al herbicida Dicamba). Pero los productores también tienen un temor legítimo, al temer que las regalías se conviertan en el futuro en una mochila casi tan pesada como las retenciones.
