El Instituto Nacional de Semillas (Inase) oficializó el acuerdo entre el Gobierno y todas las partes que intervienen en el comercio de granos para que este organismo del Estado sea el que efectúe los controles de granos y determine si la semilla utilizada es legal.
Este acuerdo, que supone el fin del conflicto con Monsanto ya que la multinacional dejaría de hacer fiscalizaciones propias salvo en los casos en que tenga contratos firmados con productores y acopios, busca fortalecer el rol del Inase que además confirmó que hará convenios con bolsas y cámaras arbitrales para poder efectuar estos controles por todo el país.
Los detalles de cómo será el trabajo del Inase están detallados en la Resolución 207/2016 de este organismo, publicada en el Boletín Oficial.
“Siendo el producto de la cosecha uno de los vehículos más apropiados para la verificación genética de la semilla utilizada que dio origen al mismo, resulta aconsejable instrumentar medidas para contar con información a partir del análisis de la producción entregada por los agricultores”, fundamenta el Inase.
Lugar. En su primer artículo, la resolución dispone que “para la cosecha de soja Campaña 2015/16, le serán extraídas al productor o remitente muestras de grano en el primer punto de entrega” de la mercadería.
Método. La normativa dispone además que estas muestras “deberán ser tomadas cualquiera haya sido el medio de transporte y acondicionadas de acuerdo a las metodologías establecidas para la toma habitual de las muestras comerciales de granos que los operadores del comercio extraen”.
Convenios. Con respecto al trabajo con Bolsas o Cámaras Arbitrales, “el Inase, si lo considera necesario, suscribirá convenios con entidades representativas del sector del comercio de granos para canalizar toda la operatoria necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente Resolución como así también de toda la información resultante de la misma”, reza el texto oficial.
Uso de los datos. Sobre qué se hará con los resultados que arrojen los análisis de laboratorio, se establece que será de uso exclusivo por parte del Inase. El ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile aseguró que, inicialmente, si se detecta que la semilla es ilegal, se le aplicarán al productor las sanciones correspondientes. Luego, se le correrá vista a las empresas desarrolladoras de biotecnología para que evalúen si se lesionó su propiedad intelectual y puedan eventualmente avanzar en reclamos por vía administrativa o judicial.
