El proyecto de resolución ya está escrito y, de prosperar, implicaría un inusual gesto del gobierno a favor de los productores agrícolas.
Para asegurar la transparencia en el mercado de granos, se obligará a registrar todas las operaciones en las Bolsas de Cereales a través de un agente habilitado.
Cada una de esas ventas, a la vez, tendrá que ser anotada por dicho intermediario hasta 15 minutos después de su concreción, de modo que la información vaya a parar a una plataforma informática que difundirá todos los precios y modalidades. La aspiración es evitar que los chacareros sean timados.
Varias semanas atrás se adelantó el trazo grueso de esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Valores (CNV) para poner fin a la larga polémica sobre la representatividad de los “precios pizarra”. Estos valores de referencia son fijados todos los días a partir de información que de modo voluntario brindan los compradores, que en el caso de los granos son fundamentalmente las cerealeras exportadoras. Pero cada vez se declaran menos valores y las quejas son recurrentes respecto de la escasa transparencia en el sistema.
Por ejemplo, los precios “pizarra” de la soja se fijan a partir de negocios por 5 millones de toneladas, solo el 10% de la producción.
La cosecha argentina vale cerca de 40.000 millones de dólares. Cualquier deformación en los precios puede significar una millonaria transferencia de dinero de un sector a otro, aunque generalmente pierde el productor. Es lo que pretende evitar ahora la movida oficial al obligar a hacer visibles todas las operaciones concertadas, para a partir de allí hacer públicos los valores promedio, los volúmenes y las modalidades.
Así, en su primer artículo, la resolución dispone que “todas las operaciones efectuadas mediante contratos ‘contado’, ‘a término’, ‘a fijar precio’ u otras modalidades” habrán de ser “concertadas” dentro de los mercados formales “por intermedio de agentes registrados” ante la CNV y el Registro Unico (RUCA) de Agricultura. Esto volvería a colocar en el centro de la escena a los denominados “corredores de granos”, que suman 400 en el país. Ese sector intermediario viene perdiendo importancia a manos de las ventas directas entre productores y exportadores, que ya representan 40% del mercado. Serán los corredores los que deberán informar al sistema sobre cada operación, de modo de elaborar registros ciertos de los precios pactados, los volúmenes, las calidades y la modalidad de cada contrato. Solo se guardará secreto sobre los nombres de quienes hicieron el pacto.
El viernes, ante la inminencia de la medida, en la Bolsa de Cereales porteña se dieron cita los sectores involucrados, con excepción de los productores. Algunos mostraron reparos y otros temor de que la medida represente un avance oficial hacia la nacionalización del comercio de granos.
Pero quienes motorizan la resolución afirman que el objetivo de contar con toda esa información solo es evitar las maniobras tan comunes en perjuicio del productor.
