A partir del cruce de datos entre los registros de titularidad de los campos, lo que declara el contribuyente en el Impuesto a las Ganancias y lo que informa en Arba, el organismo hará ahora hincapié -con distintas instancias de fiscalización e intimación- en los casos en los que se encontraron irregularidades.
En esa línea, los agentes que responden a Martín Di Bella fiscalizarán en las próximas semanas de manera individualizada y exhaustiva a 152 casos emblemáticos que habrían evadido al fisco más de 20 millones de pesos en concepto de Ingresos Brutos e Impuesto a los Sellos.
En tanto, el resto de los propietarios de campos serán intimados y se les requerirá documentación para que regularicen su situación por no haber declarado el contrato de alquiler.
A partir de este cruce de información, la Gerencia General de Fiscalizaciones Individualizadas de Arba despliega procesos de fiscalización «sumarísimos», que instan a los contribuyentes a regularizar su situación de manera inmediata, pagando los impuestos actualizados y la multa correspondiente.
En las primeras semanas del operativo sobre arrendamientos rurales ya se resolvieron 14 casos de campos de la zona de Pergamino, Lincoln, Rojas y Vedia, que debían al fisco
$ 1.310.657 de impuestos en concepto de Ingresos Brutos y Sellos, y la mitad de ellos ni siquiera habían declarado la actividad. En todos los casos, los contribuyentes reconocieron la deuda y regularizaron su situación.
En paralelo, la agencia avanzará en el control de dueños de campos de Mercedes, Azul, Mar del Plata, Bahía Blanca, Chacabuco, Junín, Salto, Arrecifes, San Nicolás, San Pedro. También se analizarán casos en Ramallo, Baradero, Arenales, Colón, Capitán Sarmiento, Viamonte, Pinto, Villegas y Balcarce.
«Hemos profundizado la fiscalización sobre quienes arriendan, para combatir irregularidades y terminar con los procedimientos informales», afirmó Di Bella, además de recalcar que el objetivo es buscar que «todos los sectores económicos actúen dentro de la legalidad y declaren su verdadero nivel de ingresos, porque ésa es la única manera de que la provincia crezca con verdadera equidad fiscal».
«A través del cruce de datos y los controles específicos realizados en arrendamientos rurales pudimos detectar que había propietarios que escondían estos ingresos para eludir el pago de impuestos», agregó.
Según estipula la normativa vigente, todos los propietarios de tierras rurales que arriendan sus campos deben informarlo al fisco y declarar ingresos, así como también pagar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos. Para conformar el universo de fiscalización, los agentes de Arba cruzaron datos propios con información de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Registro de la Propiedad.
A partir de allí se seleccionó a aquellos contribuyentes que declararon al fisco nacional ganancias en el período 2010 superiores a los 84 mil pesos y que dicen tener «rentas de primera categoría» (arrendamientos de un predio).
También se verificaron los datos formales del Impuesto Inmobiliario Rural asentados en el fisco de la provincia de Buenos Aires, la titularidad de las partidas y los datos de las declaraciones juradas de ingresos en territorio bonaerense.
La nueva embestida contra la evasión en el sector se da en paralelo a la mayor presión impositiva que además recibirían los pooles de siembra en materia de Ingresos Brutos -con una alícuota mayor por cosechar en terreno alquilado-, si es que se aprueba en la Legislatura un proyecto de reforma impositiva que aún no fue oficializado.
En la iniciativa, según pudo saber este diario, también se incluirían mecanismos para automatizar la declaración del contrato de alquiler del campo. Uno de ellos sería atar el beneficio impositivo de buen contribuyente a la existencia de esa declaración.
