El 20 de marzo se publicó la Resolución 100 de la Secretaría de Comercio Interior, retrotrayendo los precios al 6 de marzo para un conjunto de alimentos, bebidas y artículos de higiene y limpieza.
Pero las condiciones desde el 6 de marzo a la fecha han cambiado notablemente, y la industria fideera no escapa a esta realidad:
• Hay mayores costos operativos, producto de haber licenciado a parte del personal, a lo que se suman las medidas en materia de higiene y desinfección implementadas.
• Costos del transporte en alza dada la gran cantidad de trayectos que se realizan con camiones vacíos.
• Incrementos salariales previamente pautados para este mes.
• Restricciones como actividad esencial para acceder a los beneficios del Decreto 332 (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).
• Trigo con incrementos superiores al 30% desde el pasado mes de diciembre, y perspectivas de posibles mayores aumentos.
• Espaciamiento de turnos y equipos de trabajo que disminuyen la productividad.
• Dificultades de distinta índole que se presentan en la cadena de pagos debido a la operación limitada del sistema financiero. El incremento en los costos operativos, producto de la pandemia y el salto en la cotización del dólar, son variables imposibles de controlar por parte del sector alimenticio.
Desconocerlas implicaría para los fabricantes, un alto riesgo de quedarse sin oferta de insumos.
La regulación que actualmente tiene efecto, debería contemplar mínimamente los aumentos de costos que están teniendo lugar, (y que no son leves), como un paso indispensable para garantizar la plena operatividad de la industria fideera, así como del resto de las industrias esenciales.
