La ordenanza fue aprobada el 7 de setiembre último y plantea el "uso responsable del azúcar", lo que implica que desde su vigencia ya no se colocan azucareros ni sobrecitos en las mesas de los locales gastronómicos, sino que para su consumo deben pedírselas a los mozos.
La legislación fundamentó que "el consumo excesivo de azúcar es perjudicial para la salud", sin embargo el sector azucarero y el gobierno tucumano consideraron "infundados" y "sin el aval de estudios científicos" la ordenanza y que la misma afecta a la industria del sector.
Por esto la ordenanza fue rechazada en la Legislatura tucumana y paralelamente recurrieron a la Justicia Federal.
Mestre aseguró que el municipio cordobés rechazará la resolución del juez federal de Tucumán, Raúl Daniel Bejas, y que "seguramente será la Corte Suprema quien deba definir" al respecto, y reafirmó la vigencia de la norma al remarcar que "somos los cordobeses los que decidimos qué hacer con nuestras normas y convivencia".
"Es un tema que a nosotros nos preocupa, porque más allá de que salió por unanimidad la ordenanza, acá hay un tema que nadie puede soslayar, y es que la Constitución Nacional estableció la autonomía municipal", remarcó el intendente capitalino.
Asimismo, Mestre consideró: "Está claro que lo que buscaron los concejales de manera unánime, es tener nuevos patrones de conducta alimentaria, poder tener de alguna u otra manera un criterio que sea de cuidado con todo lo que tiene que ver con este tema".
Sobre la decisión del juez Bejas, Mestre agregó: "Un fallo de un juez federal de otra provincia roza con el artículo 117 de la Constitución Nacional, que determina que es competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así que nosotros vamos a rechazar la posición que ha tomado este juez federal" de Tucumán.
La medida cautelar resuelta por el juez Bejas ordena al municipio capitalino cordobés que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, "suspenda de forma inmediata" la ordenanza que prohíbe poner azúcar en las mesas de los bares de esa ciudad, por considerar que la medida "invade competencia del estado federal y de la provincia".
El magistrado precisó que la ordenanza municipal atenta contra las normas constitucionales, al entender que "la restricción de la distribución del producto alimentario, sin establecer ningún tipo de límites y medidas, frustra la realización de cometidos federales como la libertad de comercialización, circulación y expendio en el territorio municipal por lo que "se excedió en sus límites" la regulación del municipio a través de su policía sanitaria.
Desde el área letrada municipal anticiparon que analizarán la resolución judicial y sus fundamentos, no obstante adelantaron el rechazo al sostener que la Justicia Federal de Tucumán no tiene competencia para actuar sobre las normas que son autónomas del municipio cordobés.
Desde el otro sector involucrado en esta controversia, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, se mostró conforme con el fallo de Bejas, y aseguró que el gobierno tucumano "no hizo más que defender a la provincia. Hicimos lo que la situación manda y vamos a respetar la decisión de la Justicia".
Desde que se conoció la posibilidad de reglamentar la ordenanza, a mediados de año, Tucumán expresó su descontento, y hasta circularon versiones de que en esa provincia se prohibirían la venta de algunos productos, como maní, salames o fernet, típicos de Córdoba, en repudio a la medida adoptada por esa provincia.
