La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), presidida por Juan Tizado, ratificó ayer su rechazo al proyecto de ley que busca crear un impuesto a la exportación de soja en estado natural.
"Debido a la confusión generada desde que se reabrió la discusión sobre el proyecto y que fue relacionado a una posible vinculación o interés de Cappro con dicho proyecto, el gremio reitera su desacuerdo ante la medida por considerar que representa una amenaza al sector productivo y no ayudaría a fomentar la industria", expresó la gerente general de la nucleación, Sandra Noguera.
Enfatizó que el anteproyecto aprobado el jueves 22 de junio de este año, en la sesión de la Cámara de Senadores, que establece crear un impuesto a la exportación de soja en estado natural, con una tasa del 10%, no es apoyado por Cappro, al contrario, esta se opone firmemente a su implementación. "De concretarse, será un impuesto distorsivo que afectará gravemente al sector productivo del país", es decir que no traerá beneficios.
"El gremio cree en un sistema impositivo equitativo que promueva el desarrollo económico del país y no en uno que pudiera restar aún más competitividad a los productos procesados, como el aceite y harina de soja, que ya tienen aranceles de importación elevados en los países de destino", alegó.
También señaló que Cappro está comprometida con el agregado de valor de la soja en el país, pero opinó que falta una política industrial coherente, por lo que con la coyuntura actual del sector es muy difícil que la industria de molienda pueda crecer y consolidarse en el Paraguay.
"Cappro considera que el camino para el desarrollo del país es el diálogo entre los distintos actores de la cadena, para que el Gobierno pueda definir políticas de Estado pensando en el largo plazo para una economía sustentable", expresó.
Por su parte, el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Ing. Héctor Cristaldo, explicó ayer que el proyecto está mal diseñado y que si se aplica beneficiará a las industrias multinacionales. "Los proyectistas no conocen la dinámica de la cadena de la soja, el impuesto causaría un impacto negativo muy fuerte al sector", expresó.
El 22 del mes pasado la Cámara de Senadores había aprobado en general el proyecto de ley que grava la exportación de soja en estado natural, pero el estudio de los artículos, en donde debe establecerse la tasa, quedó en suspenso, porque se levantó la sesión por falta de quorum y no hay fecha para volver a tratarlo.
Originalmente el proyecto impulsado por el Frente Guasu establecía una tasa del 15% para la exportación de soja, maíz y trigo, pero luego quedó en 10%, lo que de todas maneras es rechazado por el sector privado.
Ejecutivo, contra el impuesto
El presidente de la República, Horacio Cartes aseguró la semana pasada, en Corpus Christi, Canindeyú, que no habrá impuesto a la exportación de granos, pero que sí gravamen sobre las ganancias. Por su parte, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, informó que el Gobierno se opone al gravamen a la exportación y plantea como alternativa elevar la tasa del IVA del 5% al 10% para la soja y equiparar las reglas del impuesto a la renta agropecuaria (Iragro) con el impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y servicios (Iracis). Así, el agro pagaría una tasa adicional del 5% en caso de que las empresas distribuyan utilidades y 15% en el caso de remesarlas al exterior.
