Con gran preocupación observamos que la erosión del suelo continúa incrementándose en el país, a pesar de los esfuerzos realizados por productores agropecuarios y organismos públicos y privados. Un estudio publicado por la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura -Fecic- en 2015, muestra que en la Argentina existen 105 millones de hectáreas erosionadas, lo cual representa un incremento de 45 millones de hectáreas, respecto de la estimación realizada hace 25 años. A la situación consignada debe agregarse la destrucción paulatina de nuestros bosques nativos, que a principios del siglo pasado cubrían algo más de 100 millones de hectáreas y en la actualidad están por debajo de las 27 millones de hectáreas. Para completar este panorama de maltrato histórico a los recursos naturales, debe mencionarse la destrucción de humedales y pastizales, producto del avance de la agricultura sobre estos ambientes, situación que ha empujado a la ganadería a ambientes de mayor fragilidad, con incrementos de los procesos de erosión del suelo y desertificación.
Mientras esta situación ocurre y se agrava año tras año, han naufragado en el pasado múltiples iniciativas discutidas por las sucesivas administraciones, para contar con legislación y un programa nacional de conservación del suelo que contribuya a evitar la destrucción de nuestro principal recurso productivo. Baste recordar que en 1940, a propuesta de la División de Suelos del Ministerio de Agricultura de la Nación, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el primer proyecto de ley de conservación del suelo. Sin embargo pasaron 40 años para que en 1981 y por medio de un decreto ley, se aprobara una ley de fomento conservacionista, que pocos años después quedó desfinanciada. Durante todos estos años se han verificado acciones conservacionistas importantes a cargo de instituciones públicas y privadas como el INTA, Aapresid, Aacrea, Universidades y estados provinciales, pero que ante la magnitud, velocidad de propagación y extensión del problema, han resultado insuficientes.
La falta de una planificación efectiva del uso del suelo en función de su aptitud, el monocultivo o simplificación de las rotaciones, el desmonte para expansión del área agrícola y el sobrepastoreo en regiones secas, constituyen los principales problemas y los más generalizados a nivel nacional. A este complejo panorama, se suma la variabilidad climática, con un aumento importante de eventos extremos tales como lluvias intensas y sequías que están incrementando la tasa de erosión del suelo y los procesos de desertificación. La situación consignada se traduce en el incremento de la erosión principalmente hídrica en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, de la erosión eólica en el centro y oeste de La Pampa y provincias Cuyanas, de la salinización en el norte de Santa Fe, de procesos de compactación y erosión en la región chaqueña y desertificación en la Patagonia
La situación descripta constituye un verdadero desafío para las nuevas autoridades y la sociedad, ya que no es posible continuar aumentando la producción a expensas del deterioro y en algunos casos la destrucción lisa y llana de los recursos naturales. En función del crecimiento demográfico, la demanda internacional de alimentos, agua y energía continuará en aumento, lo cual determinará la necesidad de generarlos con tecnologías sustentables.
La conservación de nuestros suelos constituye un deber inexcusable, ya que se trata de un recurso natural estratégico para la nación que cumple una función de alcance social y que trasciende las generaciones. Es necesario establecer políticas públicas consistentes tendientes a preservar su integridad y sus funciones, mediante la implementación de un programa de conservación de suelos con fuertes componentes de capacitación, educación y difusión. También se necesita una ley nacional que promueva mediante incentivos, la utilización de buenas prácticas agropecuarias y proteja a los suelos de la erosión y otros procesos degradatorios, especialmente en las áreas críticas.
El 7 de julio se instituyó en el año 1963 por decreto 1574 del presidente Arturo Illia, el Día de la Conservación del Suelo en homenaje al Dr. Hugh Bennet, pionero y luchador incansable de la protección de los suelos en remotas regiones del mundo. Para la Argentina el futuro es hoy, por lo que debemos obrar en consecuencia. No permitamos que nuestro principal recurso productivo continúe degradándose. La conservación del suelo debe ser tema de agenda nacional, si pretendemos integrar el concierto de naciones que protegen responsablemente sus recursos naturales.
