Etchegaray va por las deudas

El Gobierno avanzó ayer en su primera embestida formal y concreta contra los sojeros y exportadores, a los que se los acusa (en realidad a los primeros) de no liquidar por unos u$s 4.000 millones en retenciones a la oleaginosa; y de ser en gran parte los culpables de la zozobra actual en el mercado de cambio y de avanzar en un "golpe financiero" para forzar una devaluación.

El encargado de este avance fue ayer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): señaló directamente durante el llamado a regularizar deudas impositivas y previsionales lanzado por el titular del organismo, Ricardo Echegaray, a las exportadoras. El funcionario aseguró que éstas le deben al fisco unos u$s 1.000 millones en impuestos, por la aplicación de una "avivada" fiscal que data de fines de 2007 y comienzos de 2008. Echegaray aseguró que el Gobierno avanzará en el cobro de este dinero y detalló, según los cálculos de los técnicos tributarios, cuánto le debe cada una de las exportadoras. Así, Cargill tendría que pagarle al Estado unos u$s 228 millones, Bunge adeuda 126.378.759 dólares; la Aceitera General Deheza tendría un pasivo de u$s 48 millones y la firma LDC, uno de u$s 141 millones. Para la AFIP, Molinos Río de la Plata adeuda 197 millones de dólares; Oleaginosa Moreno tiene u$s 17 millones en rojo, y Nidera adeuda u$s 132 millones. El titular de la AFIP declaró que estas empresas quedan fuera del llamado a regularizar deudas impositivas lanzado ayer, y que deberán pagarle al fisco todo el dinero en efectivo porque ya fueron denunciadas ante la Justicia por el organismo recaudador. El funcionario se refería puntualmente a una causa iniciada en 2010, cuando desde el Gobierno se avanzó en la fiscalización del control de exportaciones sojeras, incluyendo varias jornadas de requisas sobre las multinacionales. Eran días en los que, como hoy, las relaciones con el campo y todo lo que tenga que ver con esa actividad eran malas; y cuando comenzaban las sospechas oficiales sobre el "stock" sojero que los productores sostenían a la espera de mejoras en el tipo de cambio oficial. La relación fue empeorando con los sojeros hasta llegar a este 2013, cuando directamente son acusados (no públicamente) por el Gobierno como los responsables del "golpe financiero" para forzar una devaluación del peso en la cotización oficial.

En realidad, los exportadores reciben la embestida indirectamente, ya que son éstos los que deben pagarle al fisco las retenciones por las ventas sojeras al exterior.

De hecho, hace un año, las mismas exportadoras eran aliadas de Guillermo Moreno, ya que para marzo de 2012 habían adelantado las liquidaciones de soja de todo el primer semestre, aún sin haber recibido la mercadería. Las multinacionales habían negociado con el secretario de Comercio Exterior el pago de unos u$s 3.500 millones ya en enero del año pasado, a la espera de las ventas sojeras. Igual no alcanzó, y finalmente comenzó a profundizarse el cepo cambiario. Luego de la reunión del jueves pasado en Olivos, con Cristina de Kirchner recibiendo explicaciones sobre por qué se había escapado el dólar "blue", nuevamente los productores de la oleaginosa quedaron señalados como los responsables de la embestida contra el tipo de cambio por no haber liquidado lo suficiente en tiempo y forma, a la espera de una devaluación del dólar oficial.

La AFIP ahora decidió avanzar sobre los exportadores en un reclamo histórico del fisco sobre el sector, acusándolo de maniobrar ocultando granos disponibles para su exportación. Desde este sector, además de asegurar que nada tienen que ver con la política de guardar soja en silos y silobolsas a la espera de una devaluación, hablan de una mala interpretación de la llamada "ley Martínez Raymonda" según la cual el régimen de liquidaciones se modificaba a partir de lo que efectivamente estaba ya vendido y no lo que se tenía acumulado.

El cambio de régimen demandó cuatro meses, y los exportadores dicen que durante ese período no correspondía la liquidación y que se debían calcular las retenciones según las ventas desde enero de 2008 y no desde noviembre de 2007, cuando el Congreso aprobó la ley. Se trata de aproximadamente u$s 100 millones de reclamo original, lo que sumado a las multas y punitorios llega a los u$s 1.000 millones que Echegaray quiere que los sojeros paguen. En su momento, los exportadores, que entiendien este reclamo como una presión sobre los productores más que sobre ellos, pensaron que finalmente el Gobierno había archivado este pedido y que el acercamiento con Moreno del año pasado era la "pipa de la paz" firmada con el oficialismo. De hecho, siempre los exportadores le garantizaron al fisco que en cuanto haya promesas de liquidación de la oleaginosa, no tendrían problemas para adelantar el pago de las retenciones ya que cuentan con créditos blandos y flexibles de los mejores bancos internacionales. Incluso mencionan que en los últimos días hubo buena sintonía entre el funcionario y los exportadores a partir de una mayor liberación de las ventas al exterior de maíz. Ahora temen que luego de aquella reunión del jueves pasado, finalmente la tregua haya terminado y que el oficialismo, en su búsqueda incesante de dólares, le haya dado vía libre a Echegaray para que vuelva con su reclamo original. El titular de la AFIP fue enérgico en su posición.

La entrada de ese dinero sería clave para que la AFIP cierre con holgura sus números fiscales de 2013, más allá del éxito que se espera en el plan de pagos lanzado ayer. Según los números del organismo recaudador, se trata de parte de las grandes deudas a captar para que ingresen fondos vía este nuevo sistema regularización de deudas, lo que tendría una finalidad tributaria, pero dos sentidos macroeconómicos. El primero es, obviamente, mejorar la recaudación impositiva, y sostener el crecimiento en los ingresos fiscales del año por encima del 30% interanual.

Pero también el organismo que maneja Ricardo Echegaray piensa que obteniendo pesos que ingresarían en las cuotas del plan de pagos, estaría ayudando a absorber billetes del mercado monetario, reduciendo, aunque sea de una manera austera, la disponibilidad de efectivo para impulsar la presión inflacionaria y, eventualmente, también la demanda de billetes. Además, haría que ese dinero volviera al fisco favoreciendo un incremento del dinero que el Gobierno necesitará este año electoral.