Sin fondos, Canale podría cerrar sus operaciones
La tradicional firma del grupo Alco espera un rescate financiero oficial para sobrevivir. Necesita $ 150 millones que el Estado se comprometió a aportar pero que aún no llegan.
Una de las marcas más tradicionales vinculadas a las conservas enlatadas se encuentra atravesando un fuerte crisis financiera que la llevó a suspender personal, no pagar a sus proveedores y esperar el auxilio financiero oficial para poder sobrevivir. Se trata de Canale, actualmente propiedad del grupo Alco, cuyo presidente es Camilo Carballo, titular de la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA); vicepresidente de Copal y miembro de la Unión Industrial Argentina (UIA).
En el directorio de esta compañía también figura como asesor el ex presidente del Banco Central (BCRA), Aldo Pignanelli. Lo concreto es que Canale, que supo ser líder en la producción e industrialización de frutas y hortalizas de la Argentina, atraviesa una complicada situación financiera como consecuencia de un combo formado por la fuerte caída de las exportaciones, la menor demanda del mercado interno y la constante suba de costos, producto de la creciente inflación que no es compensada por la suba de precios, controlada por el Gobierno.
Según informó ayer el diario mendocino Los Andes, la compañía tiene una deuda superior a los $ 32 millones con sus proveedores de materia prima; adeuda mas de dos meses de sueldos a sus 2400 trabajadores, mantiene suspendidos a 200 de esos empleados y su panorama inmediato es incierto. Fuentes del sector alimenticio confirmaron la agobiante situación económica que sufre la ex CICA, comprada en el 2000 por Alco, y estimaron que para que pueda revertir este negro panorama precisa una fuerte inyección de capital, en especial provenientes de fondos del Gobierno.
La empresa gestiona por estos días ayuda oficial para poder seguir produciendo y manteniendo su personal. El objetivo es obtener cerca de $ 150 millones del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear), creado en agosto de 2014 por el Ministerio de Economía y es administrado por Nación Fideicomisos. Posee $ 10.000 millones que se destinan al otorgamiento de créditos blandos para financiar proyectos productivos.
El objetivo de Fondear es facilitar el acceso al crédito y al financiamiento necesario para proyectos en sectores estratégicos con potencial exportador, capacidad de sustituir importaciones; proyectos de producciones innovadoras con elevado contenido tecnológico y proyectos de economías regionales para fortalecer algunos sectores o cadenas de producción.
Las gestiones para que Canale pueda obtener estos fondos y despejar el negro futuro que pende para su subsistencia provino de la diputada nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.Lo concreto es que hasta ahora esa ayuda no llegó y la situación económica de la empresa está más que complicada por estos días. El Cronista quiso comunicarse con sus ejecutivos pero no respondieron a los llamados. Canale posee plantas en las localidades mendocinas de Tunuyán, Tupungato y San Rafael. También tiene establecimientos en Río Negro, la localidad bonaerense de Lavallol y en Catamarca. Su complicada situación financiera no es nueva. De hecho entró en convocatoria de acreedores en 2010, y recién homologó el proceso de refinanciación de su pasivo a comienzos de de este año.
Según la investigación de Los Andes, entre fruta, principalmente durazno, y tomate, y denuncias de cheques ‘rebotados‘, Alco adeuda unos $ 32 millones. Según le informó al mismo medio Arturo Ovalles, presidente de la Asociación Tomate 2000, ‘desde Alco nos dicen que esperan un crédito para pagar porque hoy no cuentan con los recursos. El compromiso es seguir con la nueva campaña, pero por ahora no hay mucho por hacer‘.
Para el secretario adjunto del Sindicato de Alimentación y delegado por las plantas de Cordón del Plata y Tunuyán, Alberto Miranda, el escenario que se le presenta a Canale es complicado ya que adeuda varios sueldos al personal que actualmente presta servicios y paga el 65% de los ingresos de los que mantiene suspendidos, sin que previamente hubiese presentado ante el Gobierno un procedimiento preventivo de crisis. De hecho, los voceros gremiales aseguran que desde la compañía amenazan con cerrar las operaciones si no llega el dinero comprometido por el Fondear.