Uso de los biocombustibles en la generación eléctrica

Todavía no hay una idea única dentro del Gobierno acerca de si un segmento del complejo sojero, los productores de biocombustibles, son “buenos”, útiles al sistema, y requieren por ello apoyo estatal o siguen siendo un núcleo de grandes empresas con renta fácil que el erario debe capturar vía mayores retenciones y regulación de precios.

Quizás el sentido común, tanto como el político, indican que vale ensayar una visión salomónica, que suponga una y otra cuestión. En cualquier caso, el Estado no puede desentenderse y su intervención con normas que administren el negocio privado es necesaria y puede resultar decisiva.

La eficaz acción de Alejandro Vanolli frente al Banco Central para domesticar el valor del dólar blue y controlar los dañinos vicios que genera la brecha con el oficial es una prueba de cuánto puede hacer una gestión pública comprometida con objetivos. La batería que, entre otras medidas técnicamente más complejas, incluyó mayor control sobre las el mercado informal y la suba de tasas para ofrecer alternativas a los inversores, aplacó al verde.

El mismo poder público puede utilizarse para animar a un sector o acotar sus chances.

En ocho años la industria de los biocombustibles asegura haber invertido algo más de 1500 millones de dólares para producir biodiesel, a partir del aceite de soja, y bioetanol, a partir del maíz, emergiendo como un prometedor eslabón de la cadena agroindustrial.

Surgió en el 2006 alentada por subsidios que diseñó Planificación y tuvo que ajustarse luego a un esquema de precios administrados y retenciones móviles propiciadas por Economía, mientras luchaba contra adversidades del mercado internacional — básicamente el proteccionismo europeo– en el que Argentina es judgador fuerte.

Sin embargo, las últimas medidas oficiales respecto a un segmento que nuclea a empresas como Cargill, Dreyfus, Molinos, Patagonia Bioenergía, Vincentin, Glencore, Bunge, Aceitera General Deheza, Noble, la Corporación América y otros ilustres de la agroindustria fueron un buen bálsamo para éste núcleo de grandes al que se le añadieron otras varias pymes. En conjunto hoy pueden producir a partir del aceite de soja hasta 4 millones de toneladas, más que las 2,5 que se elaborarán este año.

Pesos por dólares para generar electricidad

Cammesa, la administradora del Mercado Eléctrico Mayorista y reguladora junto a Enarsa de la compra de productos energéticos, llamó a licitación para la provisión de biocombustibles para la generación eléctrica. El 61 por ciento de la electricidad argentina es térmica, y para ella se necesitan carburantes fósiles como el gas, gasoil o fuel oil, que ahora podrán ser parcialmente reemplazados por el verde. Central Puerto ya quemó algo de este carburante, pero sólo a modo experimental y marginal.

Las convidadas a esta operación aseguran que en conjunto podrían destinar sin dificultades a las usinas térmicas el equivalente del 10 por ciento de su producción actual: entre 250 y 300 mil toneladas al año. Este producto permitiría reemplazar una porción del gasoil importado, moderando el drenaje de divisas por este concepto.

El efecto de esta sustitución para las arcas públicas, responsables de costear la importación de los bienes energéticos que escasean, es neutro. O casi. Una tonelada del carburante importado promedia los 850 dólares, próxima al precio del biodiesel, cuyo valor interno está regulado y difiere según el tamaño de la empresa que lo produzca: en virtud de una grilla diseñada bajo la mirada de Axel Kicillof, las firmas chicas cobran más que las grandes. Para esta operación, el Estado pagaría el precio menor.

Pero la clave está que al gasoil que se importa hay que pagarlo en dólares, mientras que el combustible verde, se obla en pesos. Una diferencia sustancial para esta coyuntura macroeconómica local.

El ahorro de divisas podría redondear los 200 millones de dólares en el año, un monto menor si se considera que las importaciones totales de gasoil son de 2500 millones anuales y las totales sumarán este año algo así como 12000 millones. Pero todo suma. Y, tal como subrayan los voceros de Carbio (Cámara Argentina de Biocombustibles), se trata de “promover la producción de un bien 100 por ciento nacional” y, por lo tanto, de apuntalar el trabajo argentino. Si se quiere, subsidiariamente.

Los otros guiños oficiales fueron la rebaja de las exportaciones y subir desde diciembre al 10 por ciento la proporción obligatoria de biodiesel que debe mezclarse con gasoil. No se trata sólo de procurar una combustión menos contaminante, como opinan técnicos del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), y como discuten otros entendidos, para quienes la quema de esta clase de productos no tiene nada de ecológica.

Se trata de animar una industria que, subsidiariamente, apuntala también el valor del aceite de soja (su insumo) y, de algún modo, del propio poroto. Argentina es el principal exportador de aceite de soja ( 60% de lo que se comercializa en el mundo) y si ofrece más producto afuera porque le cierran mercados o se compra menos biocombustible adentro, volcará excedentes de ese insumo al exterior y esto hará derrapar el precio.

Sólo la mirada atenta de un poder administrador puede dilucidar estas cosas y arbitrar entre la avidez privada por maximizar ganancias y el beneficio público. Más allá de las simpatías que profese al sector el ministerio de Julio de Vido y o las prevenciones del Palacio de Hacienda.